Los países de la OEA se inclinan por la propuesta de la CIDH para su reforma

En la imagen, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Jesús Orozco Henríquez. EFE/Archivo

OEA D.HUMANOS

Washington, 8 mar (EFE).- Los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) valoraron hoy la propuesta elaborada por la CIDH para su propia reforma y, con algunas excepciones, mostraron su disposición a adoptarla definitivamente el próximo 22 de marzo.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, describió en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA la propuesta de reforma que ha desarrollado la Comisión, y que se publicará oficialmente la próxima semana.

Las representaciones de Estados Unidos, Brasil, Panamá y Canadá mostraron su satisfacción ante el resultado del proceso, y las delegaciones de México, Argentina y Chile apoyaron que esa propuesta se adopte de forma íntegra en la Asamblea General Extraordinaria que reunirá a los cancilleres el próximo día 22.

“Estamos ampliamente satisfechos con este proceso y para mi delegación sería suficiente un único párrafo resolutivo que tome nota con satisfacción del trabajo realizado por la Comisión” en la Asamblea General, dijo el embajador de México, Joel Antonio Hernández.

La representante alterna de Argentina, Ana Marcela Pastorino, apoyó esa idea, al igual que el embajador de Chile, Darío Payá, quien matizó que podría ampliarse “si queremos ponerle más enjundia para que contemple algunas otras observaciones de los Estados”.

Venezuela, a través de su representante alterna Carmen Velásquez, insistió en que su país aún ve “aspectos que nos parecen imprecisos” en la propuesta que ha elaborado la CIDH, y que ha consultado con Estados y miembros de la sociedad civil.

Entre ellos, citó el llamado Capítulo IV del informe anual de la Comisión, conocido popularmente como su “lista negra” y que señala a los países del continente que no cumplen en derechos humanos.

Ante las críticas de países como Venezuela, que ve injusta su inclusión en la lista año tras año, la CIDH propuso que los países que recibieran una visita “in loco” de la comisión fueran excluidos a cambio de esa lista, debido a que su situación de derechos humanos se examinaría en un informe aparte.

Velásquez reiteró que su país “no hará ese canje”, consideró que los criterios de inclusión “deben ser otros” y se quejó de que “no hay ningún apartado que señale cómo se sale de ese capítulo”, por lo que estimó que aún hay que trabajar sobre la propuesta de la CIDH.

Ecuador, cuyo canciller Ricardo Patiño ha emprendido una gira por la región para defender una serie de propuestas para la reforma de la CIDH, dijo mediante su representante alterno, Fernando Augusto Suárez, que el proceso no debe acabar el día 22, porque es necesario “seguir imaginando propuestas para fortalecer” la Comisión.

“Todos los derechos humanos son iguales, y nada debe tener una direccionalidad especial”, indicó Suárez, en aparente referencia a la queja de Quito de que la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH recibe demasiados fondos.

El representante de Bolivia, Diego Pary, propuso por tanto que, en las próximas dos semanas, el Consejo Permanente “identifique los elementos” de la propuesta de la CIDH que algunos Estados ven como “insuficientes” para “poderlos plasmar en un documento para entregar a la Asamblea General del 22 de marzo”.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, también respalda la propuesta elaborada por la CIDH, según recordó el jefe de gabinete de la secretaría general de la OEA, Hugo de Zela.

El proceso de reforma comenzó en enero de 2012, cuando los Estados miembros de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones para reformar la labor de la CIDH, un organismo autónomo dedicado a proteger los derechos humanos en el continente americano.

En principio, las recomendaciones de la OEA no eran vinculantes y la Comisión tenía la potestad de decidir cuáles implementar, pero países como Ecuador y Venezuela se opusieron a ese esquema, al considerar que la OEA debe tener la última palabra.

Finalmente, los cancilleres decidieron en la Asamblea General de junio pasado en Cochabamba (Bolivia) que la CIDH sometiera sus decisiones al escrutinio del Consejo Permanente para que este elaborara propuestas sobre cómo implementarlas, en un proceso que debe cerrarse con el voto del día 22.

La CIDH ha tenido en cuenta para elaborar su propuesta las recomendaciones de la OEA y las de la sociedad civil, en un largo proceso que espera que los cancilleres consideren suficiente.