EL SALVADOR CORRUPCIÓN

San Salvador, 4 oct (EFE).- Una corte de apelaciones de El Salvador ratificó la medida de arresto domiciliario para el exministro de Seguridad René Figueroa, procesado por supuestamente lavar fondos malversados del presupuesto estatal, informó este lunes el órgano Judicial.

La fuente señaló que los jueces de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro rechazaron una apelación de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó enviar a prisión a Figueroa mientras enfrenta la etapa de instrucción.

Por otra parte, los magistrados también mantuvieron una fianza de 50.000 dólares al exfuncionario, medida que la defensa solicitó anular.

“Ambas medidas son de garantía para que el procesado se presente ante el Juzgado Tercero de Instrucción, cuando este lo requiera y no hay posibilidades de que la justicia se vea obstaculizada”, resolvió la referida cámara.

Según la Fiscalía, Figueroa supuestamente lavó 3 millones de dólares y más de 1,9 millones de este monto provenían de la empresa Radiodifusión de El Salvador, que recibió fondos sustraídos del presupuesto del Gobierno por el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).

Figueroa fue una de los funcionarios más influyentes durante la Administración de Saca.

El expresidente confesó en un juicio, en agosto de 2018, que desvió y lavó mediante sus empresas de comunicaciones más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

El Ministerio Público presentó una demanda civil contra Figueroa el pasado 19 de julio por el supuesto enriquecimiento ilícito por más de un millón de dólares.

Este monto es señalado en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se da cuenta de 18 irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exministro.

Entre los procesos civiles promovidos por la CSJ que han derivado en causas penales se encuentran las de los expresidentes Saca y Mauricio Funes (2009-2014).

De acuerdo con la investigación de la Sección de Probidad sobre la gestión de Saca, supuestamente se utilizaron planes de seguridad como fachada para malversar unos 20 millones de dólares.

Saca lanzó a finales de agosto del 2004 el plan “Súper Mano Dura” contra las pandillas, que era continuidad del plan “Mano Dura”, iniciado en julio de 2003 por el entonces presidente Francisco Flores (1999-2004) y con el que la Policía detuvo a unos 18.000 “mareros”.

El expresidente Saca, quien fue el cuarto mandatario consecutivo que gobernó bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), también afronta un juicio civil por no poder justificar más de 4 millones de dólares de su patrimonio.

Los casos de corrupción que implican a expresidentes del empobrecido país centroamericano, incluido Funes y el difunto Francisco Flores, suman más de 666 millones de dólares. EFE

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