RUSIA OPOSICIÓN

Moscú, 8 ago (EFE).- Las autoridades rusas han lanzado una contraofensiva para sofocar las mayores protestas opositoras de los últimos años que incluye encarcelamientos, persecución penal, registros y denuncias de injerencia extranjera en la vida política.

“Las protestas antigubernamentales han sido pacíficas. Es el Gobierno el que está criando radicales con la represión policial. El que busca el conflicto es el Kremlin”, dijo hoy a Efe Serguéi Boiko, líder del Partido Libertario, uno de los organizadores de las manifestaciones.

Tras varias semanas a la defensiva, las autoridades han retomado la iniciativa con una campaña que busca acallar a los líderes de la protesta, que se encuentran casi todos bajo arresto, e intimidar a sus partidarios, en su mayoría jóvenes que solo han conocido a un inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, en el poder desde 1999.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el arma de investigación judicial del Kremlin, tiró la primera piedra al incoar un caso penal por “disturbios masivos”, que defensores de los derechos humanos consideran fabricado, ya que son decenas de civiles los que resultaron heridos por el desproporcionado uso de la fuerza por la policía.

Ya son diez los jóvenes que han sido imputados en dicho caso por acciones como arrebatar el casco a un efectivo antidisturbios, lanzar un vaso o botella de plástico contra la policía, o simplemente, hacer indicaciones con la mano para dirigir a la multitud.

Esos manifestantes, jóvenes de entre 21 y 25 años contra los que la Justicia rusa ha dictado dos meses de prisión preventiva, podrían ser condenados a hasta ocho años de cárcel, lo que ha causado gran indignación en Moscú, especialmente entre la comunidad universitaria.

“No hubo ningún disturbio. Fue la policía la que utilizó una violencia sin precedentes contra los manifestantes. La ley dice que disturbios es cuando se vuelcan autobuses, se queman coches, se lanzan piedras. Nada de eso ocurrió. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) quiere una revolución, un Maidán, para recibir nuevas privilegios”, consideró Boiko en referencia a la revuelta en la que fue derrocado el entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, en 2014.

Por el momento, los dirigentes opositores sólo han sido arrestados, pero sus abogados creen que nada más salgan de los centros de detención recibirán nuevas penas administrativas y no descartan que en un futuro sean también imputados penalmente como organizadores de disturbios masivos.

“No me sorprendería que a (Alexéi) Navalni (dirigente opositor) le volvieran a encerrar. Lo bueno es que este movimiento de protesta no tiene y no necesita líderes”, comentó.

Navalni, que labró su fama por sus denuncias de la corrupción en las altas esferas del poder, recibió hoy un nuevo revés con el registro de las oficinas de su Fondo de la Lucha contra la Corrupción.

El CIR anunció que investigará el lavado de mil millones de rublos (unos 13,5 millones de euros) por parte de varios empleados del fondo de Navalni entre 2016 y 2018.

En los últimos años el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni ha acusado a numerosos altos funcionarios de enriquecimiento ilícito, incluido el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, y más recientemente el jefe de la comisión electoral de Moscú, Valentín Gorbunov, que se negó a registrar a los candidatos opositores a las elecciones municipales.

Se han sumado a la campaña contra la oposición los diputados y senadores, tanto los del partido del Kremlin, Rusia Unida, como los líderes de la oposición con representación en la Duma o cámara de diputados, donde abrirán una investigación de la injerencia extranjera en la vida política del país.

“Queremos aclarar qué Estado y con qué fin lleva a cabo dicha injerencia, quién en Rusia recibió de manera ilegal apoyo y asistencia material del exterior o, incluso, ejerció de agente de un Estado extranjero”, dijo Andréi Isáyev, vicepresidente de la fracción de Rusia Unida.

Isáyev explicó que, entre los motivos para la creación de dicha comisión, figura la denuncia de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, de que la embajada de Estados Unidos colgó en su página web un mapa con el itinerario de la marcha opositora del 3 de agosto.

“Ya dijimos que EEUU y sus partidarios intentarían aprovechar las elecciones a la Duma de Moscú para organizar provocaciones”, señaló hoy Andréi Klimov, jefe de la comisión de Defensa de la Soberanía Estatal del Senado.

El presidente ruso ya acusó en 2011 a la entonces secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, de alentar las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS, en 1991.

Los rusos no se han quedado esta vez de brazos cruzados y casi 100.000 personas ya han firmado una petición para que se libere a todos los detenidos.

“Nosotros, ciudadanos rusos, exigimos detener el terror político declarado por las fuerzas de seguridad contra el pueblo de nuestro país”, reclama la carta.