BOLIVIA VIOLENCIA

La Paz, 14 feb (EFE).- Tras casi seis años de la promulgación de una ley boliviana para garantizar a las mujeres una vida sin violencia aún hay obstáculos en la atención y protección a las víctimas, informó este jueves la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

En una comparecencia con los medios en La Paz, la defensora del Pueblo boliviana, Nadia Cruz, señaló que de acuerdo a un informe de esta instancia para analizar el estado de cumplimiento de esta ley, promulgada en marzo de 2013, los avances en estos años “no son suficientes”.

Entre los obstáculos para su aplicación está la falta de personal especializado para atender a víctimas de violencia, la necesidad de mayor apoyo en la institucionalización de oficinas especializadas en protección y atención para las mujeres y la lenta aplicación de protocolos para evitar la revictimización al denunciar una agresión.

Cruz enfatizó que uno de los mayores obstáculos para aplicar esta ley es la limitación de presupuesto y la baja ejecución a nivel nacional, que no llega ni al 61 por ciento, además de la falta de equipamiento.

La defensora recomendó que se instalen mecanismos de fiscalización para verificar la ejecución del presupuesto asignado para la aplicación de esta ley que tipifica el feminicidio y otros delitos de violencia machista.

Asimismo, aseguró que esa instancia prepara una “estrategia” para lograr el cumplimiento de estas recomendaciones.

Este estudio se basó en información recabada de varios municipios bolivianos, además de entidades relacionadas con la atención de mujeres víctimas de violencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), dependiente de la Policía Boliviana, y el apoyo de ONU Mujeres.

Según información del Ministerio Público, difundida por la Defensoría, entre 2015 y el primer trimestre de 2018 se abrieron 113.269 casos de violencia contra la mujer en Bolivia, de los cuales 72.916 fueron cerrados o concluidos y solo 1.284 tienen sentencias condenatorias, es decir, el 1,13 por ciento del total.

La denominada Ley 348 se considera una norma muy avanzada, pero expertas y agrupaciones de mujeres denuncian que no está dotada de medios económicos suficientes para la prevención de este tipo de violencia y la atención a las víctimas.

En enero pasado, el Gobierno boliviano creó el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización para hacer efectivas las políticas de lucha contra la violencia a las mujeres, después de cerrar 2018 con más de un centenar de feminicidios.

Un informe difundido en noviembre pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra a Bolivia como el país suramericano con la prevalencia más alta de feminicidios, seguido por Paraguay, con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres, respectivamente.