COLOMBIA CONFLICTO

Bogotá, 2 sep (EFE).- La sombra de la violencia electoral sobrevuela de nuevo Colombia tras el brutal asesinato conocido este lunes de la candidata liberal Karina García Sierra y cinco personas más que la acompañaban en la localidad de Suárez, la que aspiraba a gobernar y en la que el conflicto armado está reviviendo con fuerza.

La matanza rompió el ciclo electoral más pacífico de la historia reciente de Colombia ya que en 2018 el país vivió las dos vueltas de las elecciones presidenciales y los comicios legislativos apenas sin incidencias.

García Sierra, de 32 años y que deja un hijo pequeño, fue asesinada junto a su madre y cuatro personas más de su equipo en una masacre que parecía anunciada, puesto que la política liberal había advertido en un vídeo publicado el pasado 28 de agosto que hoy parece premonitorio que había sido amenazada.

La amenaza se concretó cuando se desplazaba en un vehículo por el corregimiento (caserío) de Betania, que forma parte de Suárez, en el convulso departamento suroccidental del Cauca.

El vehículo todoterreno fue tiroteado y posteriormente incendiado por lo que los restos de García Sierra y sus acompañantes fueron encontrados calcinados, mientras que un escolta consiguió escapar, según el gobernador del Cauca, Óscar Campo.

En su vídeo, García Sierra denunciaba que la publicidad de su candidatura estaba siendo objeto de ataques en Betulia, donde miembros de su campaña habían sido interceptados por “cuatro sujetos armados de un grupo al margen de la ley” que aseguraron tener “orden directa” de no permitirla en ese corregimiento.

“Le pido a seguidores y demás candidatos que no continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos como que voy a traer a paramilitares, a multinacionales, que les voy a quitar las tierras a la gente. Esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales”, advirtió entonces la joven política.

Eso llevó a su padre, Orlando García, a afirmar que las denuncias de su hija sobre amenazas recibidas, que “podrían venir de contradictores políticos y seguidores de los contradictores que se habían empeñado en dañar la publicidad”, fueron ignoradas.

“A mi hija no me le pusieron cuidado con las denuncias que venía haciendo, no me le pusieron cuidado”, dijo García a Efe.

Junto con la aspirante fueron asesinados su madre, Otilia Sierra, y Yeison Obando Llantén, candidato al Concejo Municipal también por el Partido Liberal.

Según las autoridades, en la emboscada también murieron Aidé Tróchez, representante de la Mesa de Víctimas; Héctor González y Lavedis Ramos, una mujer seguidora de la campaña.

Suárez y otras localidades vecinas están azotadas desde hace meses por un recrudecimiento de violencia protagonizada por un grupo disidente de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas narcotraficantes y criminales.

A ellos se suma un grupo del Ejército Popular de Liberación (EPL), guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991 cuyo último reducto estaba en el también convulso Catatumbo (fronterizo con Venezuela) y que ha comenzado a tener presencia en el Cauca.

La Defensoría del Pueblo había publicado el pasado 15 de agosto una alerta en la que advierte que Suárez hace parte de uno de los corredores naturales entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca y el océano Pacífico usado por grupos al margen de la ley.

Además conecta la zona con el río Naya, “una de las rutas más ambicionadas por los grupos armados ilegales y el narcotráfico”.

De ese modo, en el municipio convergen “todos los procesos de la cadena productiva y comercialización de la pasta base de coca y el consumo interno de cocaína y marihuana, articulándose a la dinámica de la subregión del norte del departamento”, agregó la Defensoría.

Ese corredor es utilizado además por grupos armados al margen de la ley para movimientos de hombres, de armas y el abastecimiento, entre otras cosas, por lo que su control se antoja esencial.

La Defensoría también ha explicado que en esa zona hay una fuerte presencia de otro de los combustibles que alimenta el conflicto, la minería que en buena parte es ilegal en la zona.

Precisamente el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó en una rueda de prensa que en Suárez delinque un grupo de disidentes bajo el mando de un hombre identificado por el alias de “Mayimbú”.

Este individuo comanda “una cuadrilla” que se conoce “como la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos” por lo que el Gobierno trabaja con la hipótesis de que esos grupos son los responsables del asesinato de García Sierra y su equipo.