Tennessee toma nota de protecciones estudiantiles en medio de ley anti-santuario

Tennessee Notes Student Protections Amid Anti-Sanctuary Law

TENNESSEE (LPL/WREG) — El departamento de educación de Tennessee está aconsejando a los oficiales escolares locales que no es su función determinar si los estudiantes y sus familias están legalmente o no en el país bajo una nueva ley estatal contra las ciudades santuarios.

La ley, una de las varias que entrará en vigencia el 1 de enero, amenaza a los gobiernos locales con la pérdida del futuro dinero estatal para el desarrollo económico y comunitario si tienen las llamadas “políticas santuario” que protegen a los inmigrantes.

La Legislatura liderada por los republicanos lo aprobó durante un ciclo de elecciones con problemas de inmigración actuales. El gobernador del Partido Republicano, Bill Haslam, dejó que se convirtiera en ley sin su firma, llamándola “una solución en busca de un problema” en un estado sin ciudades santuario y donde ya estaban prohibidos.

Lo más importante es que prohíbe cualquier política local que restrinja el cumplimiento de las medidas federales de detención de inmigrantes para la posible deportación de personas que fueron arrestadas por otros cargos y luego identificadas como indocumentados en el país. Eso incluye prohibir las políticas locales que requieren que los funcionarios federales obtengan una orden judicial o demuestren una causa probable de antemano.

Lisa Sherman Nikolaus, directora de políticas de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, dijo que la ley ha provocado temor en las comunidades, incluidos padres aterrorizados de participar en la educación de sus hijos. En cuanto a los sheriffs, que también dirigen las cárceles en el estado, el director ejecutivo de la Asociación de Sheriffs de Tennessee, Terry Ashe, dijo que no cree que eso vaya a cambiar la forma en que hacen su trabajo.

El Departamento de Educación de Tennessee ha enviado orientación sobre la ley a las escuelas, muchas de las cuales tienen funcionarios de recursos escolares empleados por agencias locales de aplicación de la ley. La ley federal dice que “a ningún estudiante se le puede negar una educación pública debido a su ciudadanía o estado migratorio, y no se puede exigir a los estudiantes y sus padres que compartan información sobre su estado migratorio”, señaló la portavoz del departamento de educación, Sara Gast.

Gast dijo que la guía estatal le dice a las escuelas que no pueden proporcionar a ninguna agencia externa, incluido el Servicio de Inmigración y Naturalización, información del archivo escolar de un estudiante que expondría que están ilegalmente en el país sin obtener primero el permiso de los padres. La única excepción es bajo una orden judicial, y los padres pueden impugnar la orden bajo la ley federal, dijo Gast.

Gast dijo que la guía también informa al personal de la escuela que no tienen la obligación legal de hacer cumplir las leyes de inmigración de los EE. UU. Además, las leyes federales de derechos civiles prohíben que los distritos y las escuelas hagan preguntas que puedan tener un efecto de “enfriamiento” o prohíban que los estudiantes asistan a la escuela, agregó. Finalmente, dijo que la ley estatal en cuestión requiere su implementación de una manera que sea consistente con las leyes federales y proteja los derechos civiles de todos.

Mientras tanto, los funcionarios estatales de desarrollo económico no han elaborado ninguna orientación sobre la nueva ley, pero planean seguirla, dijo el portavoz del departamento Scott Harrison.

Nikolaus, del grupo de derechos de los inmigrantes, dijo que no cree que la nueva ley cambie las cosas de la noche a la mañana. Su grupo ha estado capacitando a docenas de líderes comunitarios y estableciendo formas de monitorear e informar sobre la implementación de la ley.

“Estamos más preocupados por su oficial de policía deshonesto, o su administrador escolar deshonesto, o algo así, pensando que el proyecto de ley les otorga ciertos poderes para hacer ciertas cosas, como de repente empezar a preguntar sobre el estado de inmigración”, dijo Nikolaus.

Ashe, quien encabeza la asociación de alguaciles, dijo que no estaba al tanto de ninguna orientación entre las oficinas del alguacil sobre cómo hacer cumplir la nueva ley y que no pensaba que nada cambiaría.

“No estamos cazando, solo estamos haciendo nuestro asuntos todos los días”, dijo Ashe. “Nos encontramos con un indocumentado, y lo pasaremos por el proceso”.

Pero en el condado de Shelby, que incluye a Memphis, la oficina del alguacil ha dejado de cumplir con las detenciones federales. El portavoz de la oficina del alguacil se negó a comentar sobre cómo la nueva ley afectará esa política.

En abril, la oficina del fiscal del condado dictaminó que las solicitudes de detención de 48 horas de Aduanas y Control de Inmigración de los EE. UU. probablemente violaron la Constitución de los EE. UU.

Después de la detención en abril de Manuel Duran, un reportero local que cubría un mitin de inmigración en Memphis. Todavía tenía una orden de deportación pendiente de 2007. Los cargos relacionados con la protesta fueron retirados, pero fue entregado a los funcionarios de inmigración y detenido en una facilidad federal.

Sobre la base de la orientación legal, la oficina del sheriff dejó de retener a los no ciudadanos sospechosos de vivir sin documentos en los EE. UU. en la cárcel después de las fechas de liberación programadas. Pero la oficina aún permitía la notificación a ICE cada vez que un no ciudadano está inscrito en la cárcel. También permitió que ICE realizara arrestos en las instalaciones, lo que permitió que la agencia de inmigración fuera notificada de los tiempos de liberación de los sospechosos.

English:

TENNESSEE (WREG) — Tennessee’s education department is advising local school officials that it’s not their role to determine whether students and their families are in the country legally or not under a new state law against sanctuary cities.

The law, one of several taking effect Jan. 1, threatens local governments with the loss of future state economic and community development money if they have immigrant-protecting so-called “sanctuary policies.”

The Republican-led Legislature passed it during a heated election cycle with immigration issues at the forefront. GOP Gov. Bill Haslam let it become law without his signature, calling it “a solution looking for a problem” in a state without any sanctuary cities and where they were already outlawed.

Most significantly, it bans any local policy that restricts compliance with federal immigration detainers for possible deportation of people who were arrested on other charges and then identified as being in the country illegally. That includes barring local policies that require federal officials to obtain a warrant or show probable cause beforehand.

Lisa Sherman Nikolaus, policy director of the Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, said the law has stirred fear in their communities, including parents terrified of participating in their children’s education. As for sheriffs, who also run jails in the state, Tennessee Sheriffs Association Executive Director Terry Ashe said he doesn’t think it will change how they go about their business.

The Tennessee Department of Education has sent out guidance about the law to schools, many of which have school resource officers employed by local law enforcement agencies. Federal law says “no student can be denied a public education because of his or her citizenship or immigration status, and students and their parents cannot be required to share information about their immigration status,” education department spokeswoman Sara Gast noted.

Gast said the state guidance tells schools that they can’t provide any outside agency, including the Immigration and Naturalization Service, with information from a student’s school file that would expose that they are in the country illegally without first getting parental permission. The only exception is under a court order, and parents can challenge the order under federal law, Gast said.

Gast said the guidance also advises that school personnel that they have no legal obligation to enforce U.S. immigration laws. Additionally, federal civil rights laws prohibit districts and schools from asking questions that could have a “chilling” effect or prohibit students from attending school, she added. Finally, she said the state law in question requires implementation in a way that’s consistent with federal laws and protective of everyone’s civil rights.

State economic development officials, meanwhile, haven’t crafted any guidance on the new law, but plan to follow it, said department spokesman Scott Harrison.

Nikolaus, of the immigrant rights group, said she doesn’t believe the new law will change things overnight. Her group has been training dozens of community leaders and setting up ways to monitor and report on the law’s implementation.

“We’re more concerned about your rogue police officer, or your rogue school administrator, or something, thinking that the bill gives them certain powers to do certain things, like all of a sudden start asking about immigration status,” Nikolaus said.

Ashe, who heads the sheriffs association, said he wasn’t aware of any guidance among sheriff’s offices about how to enforce the new law, and didn’t think anything would change.

“We’re not out hunting, we’re only doing our business every day,” Ashe said. “We run across an illegal, we’ll go through the process.”

But in Shelby County, which includes Memphis, the sheriff’s office has stopped complying with federal detainers. A sheriff’s office spokesman has declined to comment on how the new law will affect that policy.

In April, the county attorney’s office ruled that U.S. Immigration Customs and Enforcement’s 48-hour detainer requests likely violated the U.S. Constitution.

It followed the April arrest of Manuel Duran, a Spanish-language reporter who was covering an immigration rally in Memphis. He still had a pending deportation order from 2007. Charges related to the protest were dropped but he was handed over to immigration officials and detained.

Based on the legal guidance, the sheriff’s office later stopped holding noncitizens suspected of living in the U.S. illegally in jail past their scheduled release dates. But the office still allowed notification to ICE whenever a noncitizen is booked into the jail. It also let ICE make arrests at the facility allowed the immigration agency to be notified of suspects’ release times.