Citizenship Agency Eyes Improved Service Without Plan to Pay

SAN DIEGO (AP) — Less than a year after being on the verge of furloughing about 70% of employees to plug a funding shortfall, the U.S. agency that grants citizenship wants to improve service without a detailed plan to pay for it, including waivers for those who can’t afford fees, according to a proposal obtained by The Associated Press.

The Homeland Security Department sent its 14-page plan to enhance procedures for becoming a naturalized citizen to the White House for approval on April 21. It involves U.S. Citizenship and Immigration Services, which is part of Homeland Security and operates entirely on fees.

The plan describes changes that reflect “a realistic assessment of our aspirations and limitations,” including more video instead of in-person applicant interviews, authorizing employees to administer citizenship oaths versus relying on federal judges, and promoting online filing to reduce processing times.

Homeland Security says it can be done without the approval of Congress, where consensus on immigration has proven elusive.

Taken together, the changes mark a complete break from the Trump administration, when the agency focused on combatting fraud and adjusted to shrinking immigration benefits.

The plan also seeks to give potential U.S. citizens the benefit of the doubt. For instance, it specifies that an immigrant who mistakenly registers to vote in U.S. elections before becoming a citizen won’t be punished. Doing so now can lead to deportation or criminal charges, likely ending a person’s chance for citizenship.

The issue has been in the spotlight amid a recent surge in automatic voter registration and former President Donald Trump’s repeated unsubstantiated claims that millions of people voted illegally in 2016. Last year, Illinois’ automatic voter registration program mistakenly registered hundreds of people who said they weren’t U.S. citizens. At least one voted.

The agency will improve the citizenship process to “encourage full participation in our civic life and democracy” and to deliver services effectively and efficiently, according to the document.

It doesn’t provide cost estimates for the proposed changes, though there are options on the table and some measures appear designed to save money and achieve efficiencies. It also acknowledges success depends on long-term financial stability, which includes asking Congress for money.

Under the plan, the agency would continue subsidizing the costs of becoming a citizen to make sure the process is available to as many people as possible. The administration “recognizes that the cost of fees can be a barrier” so “other fee-paying applicants and petitioners will continue to subsidize this policy decision to ensure full cost recovery,” the document reads.

Fees were set to increase by an average of 20% last October but a federal judge blocked them. The wait to process a citizenship application grew to more than a year by the end of Trump’s presidency from less than eight months four years earlier.

ESPAÑOL:

SAN DIEGO (AP) — Menos de un año después de estar al borde de licenciar al 70% de sus empleados por falta de fondos, el organismo que maneja las ciudadanías, las residencias permanentes y las visas temporales propone mejorar sus servicios, aunque sin ofrecer un plan detallado acerca de cómo financiar esas mejoras, incluida una exención al pago de tarifas para las personas de bajos recursos, según una propuesta a la que tuvo acceso la Associated Press.

El Departamento de Seguridad Nacional envió su plan de 14 páginas a la Casa Blanca el 21 de abril. Contempla reformas al funcionamiento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, parte del DSN, que financia sus operaciones con el cobro de tarifas por sus servicios y no recibe fondos del Congreso.

El proyecto contiene cambios a corto y largo plazo que reflejan “una evaluación realista de nuestras aspiraciones y limitaciones”. Plantea entrevistas con los solicitantes por video en lugar de en persona; permitir que personal de esa dependencia tome juramento a los nuevos ciudadanos, sin necesidad de apelar a jueces federales, y promover las solicitudes a través de la internet para acelerar el tiempo que toma procesar los pedidos.

El DSN dice que puede hacer todo esto sin la aprobación del Congreso, donde cuesta mucho llegar a un consenso en torno a la inmigración.

En conjunto, los cambios marcan una ruptura total con las políticas del gobierno de Donald Trump, que se enfocó en combatir el fraude y en reducir beneficios, incluida la suspensión del programa DACA que acogió a jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.

El plan daría el beneficio de la duda a algunos solicitantes de la ciudadanía. Por ejemplo, no se castigaría a los inmigrantes que por error se apuntan para votar antes de naturalizarse. Bajo las leyes actuales, eso constituye un delito castigable incluso con la deportación, que prácticamente anula toda posibilidad de recibir algún día la ciudadanía.

El tema ha estado en el candelero por el aumento en la registración automática de votantes y las denuncias no sustentadas de Trump de que millones de personas votaron ilegalmente en el 2016.

El documento que busca mejorar la tramitación de la ciudadanía está pensado para “alentar la plena participación en nuestra vida cívica y en la democracia” y ofrecer servicios de una forma efectiva y eficiente.

No se ofrecen estimados de costos para estos cambios, aunque algunas medidas en teoría no implicarían gastos, sino que ahorrarían dinero, además de agilizar el proceso. Se reconoce, no obstante, que la viabilidad de las propuestas a largo plazo depende de la estabilidad financiera, lo que implicaría pedir fondos al Congreso.

Bajo el plan, la agencia seguiría subsidiando el costo de hacerse ciudadano para asegurarse de que el proceso está disponible a tanta gente como sea posible.

El gobierno “reconoce que el costo del trámite puede ser una barrera para cierta gente que quiere naturalizarse y está empeñado en ofrecer trámites de naturalización accesibles”, señala el documento. “Esto implica que otros solicitantes que pagan tarifas seguirán subsidiando esta política para garantizar que se cubren todos los costos”.

Las tarifas debían aumentar un promedio de un 20% en octubre del año pasado, pero un juez federal bloqueó esa medida pocos días antes de que entrasen en vigor. La tarifa para hacerse ciudadano había subido de 640 dólares a 1.170 y se iba a eliminar prácticamente la exención de tarifas a las personas de bajos recursos.

Otra tarifa fijada por el gobierno de Trump que quedó sin efecto fue una de 50 dólares para solicitar asilo. Los solicitantes de asilo también hubieran tenido que pagar 550 dólares por un permiso de trabajo y 30 dólares para obtener sus datos biométricos.

Hacia el final del gobierno de Trump había que esperar más de un año para completar el proceso de naturalización, comparado con menos de ocho meses cuatro años antes.